La mejora regulatoria como aliada de la competencia económica

Cuando existe un ambiente de negocios competitivo, las empresas logran con mayor éxito sus estrategias para conquistar la preferencia del consumidor. Al igual en los mercados facilita y estimula una mayor oferta y diversidad de productos y servicios, a menores precios y con mayor calidad. De esta forma, a los consumidores les incrementa el poder adquisitivo y el bienestar, y a las empresas les permite acceder a insumos en condiciones competitivas, las incentiva a innovar y a ser más productivas.

Cuando lo considera necesario, el Estado emite reglas que norman las actividades económicas y sociales de los particulares para alcanzar objetivos de política pública concretos. Sin embargo existen casos donde estas regulaciones, lejos de alcanzar tales objetivos, restringen el funcionamiento de los mercados. Atendiendo lo anteriormente mencionado, resulta imprescindible analizar si una propuesta regulatoria, o una regulación, potencialmente inhibe la competencia y, en caso de ser así, identificar las posibles consecuencias así como las alternativas disponibles para conseguir el mismo fin a través de medios menos inconvenientes.

Los obstáculos a la competencia pueden ser impuestos por el propio gobierno y ser particularmente nocivos, pues suelen generar daños transversales de manera prolongada, en ocasiones de difícil o imposible reparación. Es por ello que resulta fundamental detectar y corregir, de manera oportuna, los riesgos a la competencia asociados a las propuestas regulatorias. Existen cuatro rubros fundamentales para evaluar a una regulación, desde una perspectiva de competencia, las cuales vemos a continuación:

LIMITA EL NÚMERO DE EMPRESAS La entrada de nuevas empresas a un mercado estimula la competencia ya que genera un incremento en la oferta, menores precios y mayor variedad y calidad de los productos o servicios ofrecidos. Por lo anterior es importante que, en la medida de lo posible, la regulación no impida u obstaculice la entrada de nuevos participantes en un determinado sector, y que no propicie o induzca de manera artificial la salida de las empresas existentes.

Las regulaciones que limitan el número de empresas reducen la presión competitiva y otorgan mayor poder de mercado a las empresas existentes. Por tal razón, disminuyen los incentivos para innovar y realizar esfuerzos por satisfacer los gustos y necesidades del consumidor. Tomando en cuenta la Lista de Verificación de Impacto Competitivo desarrollado por la OCDE, podemos identificar los posibles efectos de la regulación con las siguientes interrogantes:

  •  ¿Otorga derechos especiales o exclusivos a cierto(s) agente(s) para prestar servicios u ofrecer bienes?
  • ¿Establece procedimientos de obtención de licencias, permisos o autorizaciones como requisito para iniciar operaciones, o bien iniciar alguna actividad adicional?
  • ¿Crea esquemas preferenciales en las compras de gobierno a efecto de promover o beneficiar a algunos agentes?
  • ¿Establece requisitos técnicos, administrativos o de tipo económico para que los agentes participen en el (los) mercado(s)?
  • ¿Establece condiciones o delimita áreas geográficas u horarios para ofrecer bienes o servicios?

 INHIBE LA CAPACIDAD O APTITUD PARA COMPETIR DE UNA O VARIAS EMPRESAS

La existencia de un mayor número de empresas es condición necesaria, más no suficiente, para garantizar el desarrollo de un mercado en condiciones de competencia; adicionalmente, es preciso contar con una serie de condiciones para que las empresas puedan competir entre sí y lo hagan permanentemente. En este orden de ideas, la regulación puede reducir la capacidad de las empresas para competir cuando les impide tomar ciertas decisiones, diferenciarse entre sí, o cuando pone en ventaja a alguna o a un grupo de ellas, por ejemplo, a través de restricciones a la producción o comercialización, normas excesivas o innecesarias sobre calidad o controles sobre los precios.

 Para este rubro las interrogantes a resolver serian:

  • ¿Establece canales exclusivos o tipos de establecimientos para la venta o distribución (presenciales, por internet, telefónicas, por citar algunos)?
  • ¿Establece normas o reglas de calidad para los productos o servicios?
  • ¿Otorga preferencias o ventajas de cualquier tipo a algún agente?
  • ¿Determina el uso obligatorio de algún estándar, modelo, plataforma o tecnología en particular, o de algún producto o servicio protegido por derechos de propiedad intelectual o que resulte costoso?
  • ¿Restringe de alguna forma la capacidad de los productores o vendedores de innovar u ofrecer nuevos productos?
  • ¿Establece o influye de manera sustancial en la determinación de precios máximos, mínimos, tarifas o en general, cualquier otro mecanismo de control de precios y/o cantidades de bienes o servicios?
  • ¿Exime del cumplimiento de otra normativa o regulación a una o a ciertas empresas, incrementando de este modo los costos de competidores y nuevos proveedores?

LIMITA LAS OPCIONES E INFORMACIÓN DISPONIBLES PARA LOS CONSUMIDORES Los consumidores deciden qué comprar con base en sus preferencias, precios y atributos de los productos, entre otros elementos. No obstante, necesitan información suficiente para comparar entre diversas alternativas y tomar las mejores decisiones de consumo, es decir, elegir las que más convengan a sus intereses. Por esta razón, las regulaciones que restringen la información disponible para los consumidores, o que imponen costos u obstáculos para cambiar de proveedor, no solo limitan la movilidad y capacidad de decisión de los consumidores, sino que además desincentivan a las empresas a esforzarse por ganar clientela mediante incrementos en calidad o disminuciones en precio. Para este rubro las interrogantes a resolver serian:

  • ¿Hace o haría más difícil a los consumidores cambiar de proveedor o compañía?
  • ¿Modifica o disminuye la información indispensable para que los consumidores puedan tomar una decisión de consumo informada?

REDUCE LOS INCENTIVOS DE LAS EMPRESAS PARA COMPETIR Los intercambios entre empresas pueden tener objetivos válidos y benéficos, por ejemplo, entender mejor un mercado, fomentar la adopción de buenas prácticas o fomentar el avance tecnológico. Pero no siempre es así, y esto pudiera facilitar acuerdos para manipular precios, segmentar mercados, restringir la oferta o reducir la rivalidad competitiva entre los miembros de una determinada organización. Por ello, las regulaciones que facilitan o fomentan la cooperación o intercambio de información entre empresas, pueden reducir los incentivos de éstas para competir entre sí. Asimismo, la regulación podría otorgar a los agentes facultades para influir en las reglas aplicables a su sector e inclusive darles autoridad para determinar el ingreso o permanencia de sus propios competidores.

Y para este rubro las interrogantes serian:

  • ¿Exime del cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica o genera incentivos para violarla?
  • ¿Crea o fomenta un régimen de autorregulación o co-regulación?
  • ¿Obliga, faculta o favorece que los participantes en el (los) mercado(s) intercambien, compartan o hagan pública información sobre costos, precios, ventas, producción u otros datos de tipo confidencial?

Después de lo anteriormente expuesto, déjenme decirles que la tarea para detectar restricciones anticompetitivas correctamente no es nada fácil, por un lado la resistencia natural para hacer este análisis por parte de quienes elaboran las propuesta regulatorias o en la revisión de regulaciones vigentes, y por otro lado, el que los servidores públicos entiendan y sean sensibles sobre el impacto que una determinada regulación podría generar o está generando sobre los mercados y, no menos importante, que sean capaces de encontrar alternativas normativas que cristalicen objetivos públicos sin comprometer el funcionamiento eficiente de los mercados. Para Sonora la buena noticia es que a través del proceso de mejora regulatoria tenemos elementos que nos ayudan a vigilar y detectar a tiempo que no se den efectos desfavorables, tanto en competencia económica como para la salud y seguridad, en el impulso de políticas regulatorias.

Este proceso debe generarse tanto para la administración pública estatal como en la municipal; pero además también en los otros ordenes de gobierno como son el Poder Legislativo y Poder Judicial, así como los Organismos Constitucionalmente Autónomos. Recordemos que la política de mejora regulatoria se sustenta desde la Constitución Política del Estado de Sonora, es obligatoria su implementación para todas las autoridades de gobierno. Por ultimo quiero resaltar que no han sido en balde nuestros esfuerzos, los últimos cinco años hemos fortalecido la política de mejora regulatoria, así como la formación técnica de las autoridades de mejora regulatoria y los responsables oficiales de mejora regulatoria de cada dependencia o institución en lo sub nacional y local, a quienes considero como un filtro para detectar estas anomalías de las que hablamos, en caso de que los servidores públicos responsables de la regulación, no estén pensando en los impactos y riesgos para la competencia económica; además, siendo congruentes con los principios de mejora regulatoria, hemos inculcado la cultura de esta política en los sectores privado, social y académico.

Ya está la oferta para institucionalizar este proceso de mejora regulatoria en todo ciclo de gobernanza regulatoria, solo falta demandar su implementación por todos los ciudadanos. Además contamos con una de las mejores prácticas para asegurar la emisión de regulaciones claras que generen certeza jurídica y garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representan la mejor alternativa para atender una problemática específica, considerando el interés general, así como los impactos y riesgos de la actividad o sector a regular, y me refiero en específico al Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante para la elaboración de regulaciones (AIR Ex Ante) o el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Post (AIR Ex Post) para las regulaciones vigentes. Este instrumento cuenta con un elemento crucial para la participación ciudadana, el Comité de Expertos Ciudadanos (Comité SAI), multidisciplinario, quienes legitiman nuestras recomendaciones como autoridad de mejora regulatoria, compartiéndonos y aplicando principalmente su conocimiento empírico, científico y el de las buenas prácticas.

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C.P. Ernesto Aarón Martínez Nieves

Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria en Sonora

Tel (662) 213-4297